Muchas viviendas ya no tienen la función de ser habitadas, sino que se han convertido en un producto financiero, en un refugio de inversores que especulan con un bien que tiene prácticamente garantizada subidas de precios muy importantes, lo cual las aleja cada vez de los ciudadanos corrientes, aquellos que sostienen la economía del día a día y se ven obligados a compartir pisos con desconocidos o, en el peor de los casos, vivir en autocaravanas con tal de habitar a una distancia razonable de sus empleos. Pero el negocio no es solo el inmobiliario, sino la privatización de todo el espacio público:
"Las ciudades se diseñan para que no sea posible recorrerlas sin consumir. Como décadas antes en la costa, el sector privado devora espacio para conseguir una rápida tasa de ganancia. La hostelería ocupa las aceras y las plazas se diseñan para ser ocupadas por actividades privadas como si fueran pequeños centros turísticos. Como los antiguos propietarios de las tierras cercanas al mar, tanto los residentes como el pequeño comercio son desplazados y sustituidos por población de flujo y la gran distribución, donde es interesante la reproducción del esquema agrario: las franquicias se parecen a las aparcerías y los trabajadores de plataforma son los jornaleros."
Así pues, los ciudadanos deben adaptarse a habitar (o deshabitar) unas urbes que ya no son suyas. Algunos efectos de la nueva política son realmente paradójicos, porque los gobiernos que permiten todo esto se declaran ecologistas y establecen zonas de bajas emisiones mientras los trabajadores se ven obligados a vivir a muchos kilómetros de sus empleos y a coger el coche diaramente para poder ganarse la vida, mientras si les hubieran dejado habitar sus ciudades no se verían obligados a hacerlo. Todo esta situación se agrava porque tampoco existe una auténtica inversión en transporte público. En Málaga, por ejemplo, no hay conexión ferroviaria en la mayor parte de una costa por la que diariamente se mueven muchos miles de personas. La ciudad se convierte en un espacio para trabajar y para consumir, no para vivir. La esencia que las diferenciaba se pierde y todas se vuelven intercambiables, con los mismos establecimientos, con las mismas tiendas e incluso con las mismas franquicias museísticas. Las consecuencias de todo esto ya se sufren, pero la tendencia es que vayan a peor, ahondando en la brecha social entre propietarios y no propietarios, ya que el Estado hace tiempo que renunció a sus responsabilidades en esta materia:
"El conflicto civil aparece cuando el Estado renuncia a su función de establecer el marco de convivencia y el mercado se convierte en el principal regulador de la vida social, algo que se asocia al concepto de libertad. Lo público es rígido, ya que establece las mismas normas para todo el mundo, mientras que el mercado es liberador, ya que convierte las reglas en una oferta diferenciada a la que cada demanda accede según su capacidad. Como el mercado siempre funciona correctamente, los problemas sociales siempre se convierten en cuestiones de orden y se solucionan por la fuerza. A medio plazo, llegan los problemas. Cuando surgen de forma más evidente, aparecen los sorprendiditos echándose las manos a la cabeza. Se habla de la polarización. Se echa la culpa a las tecnologías, a ciertos personajes o algunos medios de comunicación cuando sería más lógico situarlos también como consecuencia en lugar de como causa. Si durante décadas construyes dos espacios, es bastante probable que acabes teniendo incomunicación. Cuando, en una sociedad diversa, la Administración que la representa permite la creación de islas homogéneas quiere decir que no se reconoce a sí misma. Acaba dejando de existir y, entonces, esa Administración tendrá que evolucionar hacia otro sistema de articulación."
